Combate al robo de combustible, objetivo prioritario del gobierno de López Obrador

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Con regiones enteras del país controladas por huachicoleros, el gobierno de López Obrador ha elevado al combate al robo de combustible como uno de sus objetivos prioritarios.

Una decena de presuntos huachicoleros rodearon un vehículo del Ejército Mexicano, que circulaba sobre un camino de terracería de Tepeaca, Puebla, y se detuvo al sorprenderlos resguardando una pipa de combustible.

Armados con palos y piedras, los civiles dañaron la unidad militar artillada, y lesionaron a los militares que intentaron contener a los ciudadanos, pero fallaron, orillándolos a abandonar el área sin repeler la agresión ni detener a nadie.

Estas imágenes fueron captadas esta semana por los mimos militares agredidos, y difundida en medios locales, evidenciando la influencia que tienen los ladrones de combustible en la entidad.

En respuesta al crecimiento del poderío de los huachicoleros, el secretario de Seguridad Pública federal, Alfonso Durazo, anunció que la siguiente semana dará a conocer una estrategia integral para combatir el este delito federal.

Aunque aseguró que ya se combare desde el primer día del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, gracias a que la estrategia fue creada desde noviembre de este año, el anuncio es el resultado de la consolidación de dicho proyecto, en el que participó Petróleos Mexicanos, las secretarías de la Defensa Nacional y Marina, así como el Servicio de Administración Tributaria, Aduanas, la Procuraduría Fiscal y algunas otras dependencias federales.

Estas dependencias sostendrán una reunión amplia el próximo lunes, a fin de armonizar los esfuerzos y el trabajo de todas.

Crecimiento desmedido

Durante los primeros cinco años del sexenio de Enrique Peña Nieto el robo de combustible costó al Petróleos Mexicanos más de 70 mil millones de pesos. Esos recursos serían suficientes para construir una refinería, según estimaciones de Luis Miguel González, del periódico El Economista.

Según reporta, el huachicoleo, como también se conoce a este delito federal, se cuadruplicó durante la pasada administración, pasando de costar a Pemex 7,400 millones en 2012 a 30 mil millones en 2017, a pesar de las distintas estrategias de combate al lícito anunciadas por la paraestatal de manera reiterada durante el sexenio pasado.

Mientras que Puebla, Veracruz e Hidalgo eran los estados donde prevalecía el robo de combustible, seis entidades más han activado sus alertas en los últimos años: Tlaxcala, Estado de México, Querétaro, Guanajuato, Jalisco y Michoacán.

 

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